Diariamente recorren las vías del país 103 millones de personas y el 65,4% de las muertes que se producen en ellas son causadas por el exceso de velocidad, la invasión de carriles y las infracciones al Reglamento de Tráfico

 

La desigualdad es la característica a destacar de la movilidad en México. Las políticas han priorizado a la población que utiliza coche y que tiene un mayor poder adquisitivo, frente a las familias más pobres, los menores de edad, los estudiantes, los mayores y las mujeres que continúan en condiciones poco favorecedoras y de inseguridad cuando utilizan el transporte público y las vías peatonales.

Según datos de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), cada día transitan por las vías mexicanas 103 millones de personas, el 55% lo hacen en transporte público, el 29% a pie y/o en bici y únicamente un 16% lo hace en automóvil.

El 85% de la población que se mueve en transporte público, en bici o a pie es la más frágil, básicamente por la inversión que realizan en pagar el pasaje, la ausencia de un transporte de calidad, por la inseguridad de las calles y el riesgo existente de ser víctimas de un siniestro vial.

El Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) realizó en 2015 la Encuesta Intercensal y en ella quedó registrado que 32.663.342 niños mexicanos de 3 o más años viajan para ir a la escuela y que, a la vez, 40.620.746 adultos lo hacen para llegar a sus trabajos. Si se desglosan estas cantidades, queda reflejado que el 54,88% de los estudiantes realizan sus trayectos caminando, el 25,58% en transporte público o taxi, el 17,51% en vehículo particular y el 1,5% en bicicleta. Paralelamente, el 34,66% de los trabajadores efectúan sus trayectos en transporte público o taxi, el 27,67% en coche particular, el 22,63% andando y el 5,41% en bicicleta.

Según el Informe sobre la Seguridad Vial en México 2017 realizado por el Conapra (Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes), unas 16.000 personas mueren cada año por motivos relacionados con los siniestros viales. Y la previsión para 2020 es que continúe el incremento de las defunciones alcanzando las 19.536 personas.

De los fallecidos en 2017, un 44% eran peatones, un 34,4% ocupaban un vehículo, un 19,5% eran motoristas y un 1,9% ciclistas.

En el mismo informe se evidencia que el 65,4% de las muertes acaecidas en las vías públicas se deben a comportamientos que pueden ser prevenidos: el exceso de velocidad, la invasión de carriles y algunas infracciones a los reglamentos de tráfico.

Los accidentes viales son la primera causa del fallecimiento de jóvenes entre 15 y 35 años, además de la de los menores de 5 años, los adultos y también los motoristas. Asimismo, los discapacitados forman parte también del grupo vulnerable a los altos índices de mortalidad.

Según la Encuesta Nacional de Discriminación de 2017, un 31,1% de la población con discapacidades indicó que uno de los obstáculos a los que se enfrentan está en las calles, las instalaciones y los transportes inadecuados; el 25,1% dijo sentirse víctima de discriminación en un ámbito social, al menos, el del transporte público.

Para la mayor parte de las familias que viven en zonas urbanas de México, el transporte constituye el segundo concepto de gasto familiar con un 19,3%, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. Este porcentaje duplica el gasto en vivienda y multiplica por siete los gastos relativos a la salud, con el 2,7%; en cambio, para las familias que disponen de mayores ingresos el gasto destinado a transporte público es de un 0,8%.

La movilidad no es prioritaria para una gran parte del país, el 34% de los estados en la actualidad no dispone de instancias de movilidad que se encarguen de la implementación de políticas, programas o acciones en este campo. Esta actitud impacta de forma negativa en la utilización del presupuesto federal asignado a movilidad, al no disponer de un análisis de la situación general, no pueden conocerse las  necesidades reales de la población.

Durante el período 2013-2017, la Movilidad contó con un presupuesto federal de 39.248.354.604 pesos que fueron repartidos de la siguiente forma:

  • 74% destinado a proyectos viales en beneficio de automóviles particulares.
  • 16,9% para redes hidráulicas o eléctricas.
  • 9,68% a peatones.
  • 6,73% destinado al transporte público.
  • 2,94% para espacios públicos.
  • 1,54% a ciclistas.

La mayor parte de este presupuesto se destina a los automovilistas. Únicamente un 19% del gasto público federal es lo que destinan de promedio los estados a proyectos de movilidad sustentable, que difiere bastante del 81% destinado a proyectos de infraestructura vial.

El libro Anatomía de la Movilidad en México, que dio voz a expertos y especialistas en movilidad, plantea cuáles son los puntos básicos que deben ser atendidos por la administración:

  • Tomar en consideración las políticas de movilidad urbana para aumentar la conciencia social en relación a los valores colectivos y conseguir dar acceso a los derechos fundamentales de las personas, especialmente al de la movilidad.
  • El gobierno federal debe apoyar a los gobiernos locales con políticas cuya finalidad sea la mejora de la calidad del servicio en el transporte público, porque los gobiernos federales por sí mismos no pueden asumir el coste político de estas acciones.

Gracias a este diagnóstico el gobierno podrá emprender acciones que lleven a la superación de esta situación. En estos momentos, el Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura de México, a través del Protram (Programa Federal de Apoyo al Transporte Urbano Masivo), impulsa la creación de los PIMUS (Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable), entre otros proyectos.

Se espera que estos PIMUS sean una estrategia de movilidad integrada que pueda:

  • Ofrecer una visión a largo plazo para el desarrollo urbano y la movilidad con un enfoque integrado e inclusivo.
  • Identificar los papeles y las responsabilidades de las instituciones que son partícipes de estos planes.
  • Acrecentar las capacidades institucionales y administrativas necesarias para diseñar la movilidad, el desarrollo urbano y la participación cívica.
  • Describir las medidas e instrumentos que apoyen la implementación de políticas y proyectos.
  • Transformarse en estrategias que generen cultura de participación comunitaria.
  • Crear esquemas de financiación.

 

Fuente: animalpolitico.com