Aunque antes de repasar sus criterios y medidas relativos a la tan deseada movilidad sostenible déjenme que les diga que yo la habría bautizado –utilizando quizás términos más modestos– “ley de modernización nacional”, ya que muchos de sus epígrafes no suponen mucho más que una actualización de procedimientos y trámites o una adecuación nacional a los nuevos cambios legislativos o tendencias actuales europeas.

Pues bien, en el campo del transporte y la movilidad sostenible, el anteproyecto contempla la creación de una mesa de movilidad sostenible; el fomento de la elaboración de planes de movilidad sostenible por parte de los municipios; el fomento del uso del transporte público por parte de trabajadores y empresas, incluida en este último caso la exención en el IRPF de un cheque-transporte de hasta un máximo de 1.500 euros; requisitos para la compra de vehículos limpios y energéticamente eficientes por parte de las administraciones públicas; el impulso al vehículo eléctrico; la adaptación de las líneas de la red ferroviaria básica para el transporte de mercancías; y, por último, la modificación de la normativa del transporte interurbano regular de pasajeros con el fin de facilitar la entrada de nuevos operadores al sector. Al menos en mi caso, tendré que leer con mayor detalle este último epígrafe para encontrar la relación directa entre la entrada de nuevos operadores y la sostenibilidad ambiental pero, en cualquier caso, ahí tienen ustedes la propuesta.

Me gustaría detenerme brevemente en una de las medidas, quizás la más llamativa: el impulso al vehículo eléctrico. Los más osados llegan a decir que, dentro de 10 años, la inmensa mayoría de los automóviles y motocicletas que se vendan serán eléctricos. De lo que apenas cabe duda es que la introducción de este tipo de vehículos puede ser notablemente más rápida de lo que pensamos; y que algunos sectores pueden ser más célebres que otros. Y, ¿quién impide que, con los apoyos precisos, el sector de las escuelas de conducción no sea uno de ellos? Imagínese el lector vehículos con un coste de “combustible” de 1,5 euros a los cien kilómetros (sí, un euro y medio), una autonomía de unos 160 y 200 km entre recargas y un coste de mantenimiento (aceites, puesta a punto, sustitución de elementos móviles sometidos a desgaste, etcétera) que sea de una fracción del coste actual. ¿No merecería este panorama al menos un cierto debate o reflexión?
Es evidente que resulta fundamental aprovechar cualquier oportunidad para avanzar hacia la sostenibilidad de la movilidad, sobre todo después de la decepción de la cumbre sobre cambio climático mantenida, que no “celebrada”, en Copenhague en diciembre del año pasado. Así pues, bienvenidas sean las medidas comentadas en los párrafos anteriores. Aunque aún más necesario sea probablemente un desarrollo más completo y ambicioso de la estrategia española de movilidad sostenible, otro relativamente reciente documento de referencia español del cual nos ocuparemos en otra próxima ocasión.
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