Según datos de la DGT, hasta el 30 de septiembre de 2009, las jefaturas de tráfico habían expedido 716.808 nuevos permisos, cuando en el ejercicio anterior la cifra había sido de 960.119, es decir un 23 por 100 menos. Esto se traduce en despidos, cierre de autoescuelas y precariedad de un sector del que depende en gran parte la mejora de la seguridad vial.

Según datos de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), en lo que va de año han cerrado más de 180 autoescuelas. Nada indica que las cosas puedan cambiar a corto y medio plazo. Los datos confirman que el sector de las escuelas particulares de conductores estaba ya “maduro” (es decir que ya se trabaja en un mercado muy competitivo, con márgenes de beneficio muy estrechos), antes de que sobreviniese la crisis, y ésta sólo ha agravado la situación. En opinión de los representantes de las autoescuelas es sumamente dudoso que la pretensión del actual proyecto de Ley Ómnibus de introducir mayor competitividad rebajando las exigencias para abrir escuelas de conducción teórica (con menos requisitos de calidad y control tanto de materiales como de profesores e instalaciones) mejore la competitividad del sector  y mucho menos que sea una ventaja para el consumidor. Éste no notará mejora de precio y sí en cambio menor calidad, mayor tiempo y coste para aprobar el examen teórico.