En las últimas décadas, los cambios en la configuración urbanística de las ciudades han transformado el modelo de movilidad de los ciudadanos, ya que la segregación de los usos y de las actividades, y el aumento de las distancias, han convertido el automóvil en el modo principal de transporte para muchas personas. Este hecho ha tenido como consecuencia impactos sociales y ambientales de gran calado que han afectado la calidad de vida y el bienestar colectivo. La accidentalidad vial es uno de los principales.
Corregir esta tendencia exige concebir un nuevo modelo de ciudad y de movilidad que establezca una jerarquía viaria que de prioridad a los medios de transporte más sostenibles y seguros -los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público colectivo, por este orden- en detrimento del vehículo privado.
El conjunto de las administraciones españolas han incorporado este reto entre sus prioridades, y están impulsando planes de movilidad sostenible y segura urbanos que insisten en la necesidad de coordinar las políticas urbanísticas con las de movilidad. Por todo ello, los participantes en el I Encuentro de ciudades para la seguridad vial creen necesario los siguientes puntos:
1.- Imaginar e impulsar soluciones específicas, efectivas e innovadoras para la seguridad vial urbana que abarquen los distintos ámbitos de actuación: normativo, tecnológico, educativo, comunicativo, urbanístico, de señalización… Asimismo, se deben compartir las experiencias y buenas prácticas que hayan aportado cambios y mejoras que reduzcan la accidentalidad y mejoren la movilidad ciudadana.
2.- Considerar los posibles efectos negativos del diseño de las infraestructuras y del mobiliario urbano sobre la seguridad vial con el objetivo de minimizar el riesgo de accidente, en especial para los sectores más vulnerables: peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida (anchura de las aceras, ubicación de los distintos elementos del mobiliario, eliminación de obstáculos…).
3.- Crear un entorno urbano más tranquilo mediante la implantación de zonas peatonales, zonas 30 o zonas de coexistencia. Tender a que el 50 por 100 de las vías urbanas sean zonas tranquilas, saludables y seguras.
4.- Proteger a los colectivos más vulnerables –peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida-, y garantizar la convivencia segura entre peatones y ciclistas, especialmente en los espacios compartidos.
5.- Otorgar una especial atención a la motocicleta como medio de transporte al alza en la ciudad, en gran medida como alternativa al automóvil. Adecuar la normativa y las medidas de seguridad pasiva a la demanda de este vehículo. La realización de planes integrales de movilidad sostenible en los municipios son herramientas básicas para garantizar una mejora de la seguridad vial de este colectivo.
6.- Reforzar el papel de los policías locales y agentes de movilidad en materia de vigilancia, control e indisciplina viaria. Compartir esfuerzos entre instituciones para reforzar las medidas de actuación con relación cuestiones prioritarias como el respeto a los límites de velocidad, la ingestión de alcohol y el uso del cinturón de seguridad y del casco, así como el respeto a los semáforos y a los pasos de peatones.
7.- Mejorar la atención y la información a las víctimas de los accidentes de tráfico y a sus familiares, orientándolos sobre los recursos y servicios que las instituciones ponen a su disposición. Crear protocolos de actuación más efectivos y formar a los agentes de la autoridad para realizar esta función. Priorizar la atención sanitaria rápida, instando a las administraciones competentes para que implanten un estándar de respuesta al accidente.
8.- Reconocer la labor de los municipios en la formación vial de sus ciudadanos. Fomentar la educación vial desde la familia, la escuela y todas aquellas instancias que estan capacitadas para transmitir los valores de la movilidad sostenible y segura. Aprovechar el potencial de las víctimas para explicar las consecuencias.
9.- Consensuar un sistema de indicadores a nivel urbano que permita hacer comparables los datos de accidentalidad recogidos, que se mantenga constante en el tiempo, y que sea además sostenible desde el punto de vista económico. Asimismo, compartir con los municipios toda la información actualmente disponible.
10.- Implicar la sociedad civil en la toma de decisiones, fomentando la participación y el debate ciudadano sobre movilidal local y seguridad vial, a través de pactos y consejos locales.
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