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¿Existe la posibilidad de privatizar los exámenes de conducir?

¿Existe la posibilidad de privatizar los exámenes de conducir?

La falta de examinadores retrasa las pruebas de circulación en detrimento de la preparación del alumno

¿Existe la posibilidad de privatizar los exámenes de conducir?

¿Existe la posibilidad de que los exámenes de conducir se privaticen? Hace más de quince años que esta idea planea en las cabezas los principales implicados en el sector de los centros de formación vial y en la de los responsables de la Jefatura General de Tráfico. Y mucho más debido a la falta de examinadores públicos que está dejando la crisis.

A pesar de ello, no ha sido hasta este momento que los partidos políticos han hecho caso de los rumores o insinuaciones relativas a este tema. Y hoy martes, el Partido Socialista preguntará al Gobierno si se encuentra en condiciones de confirmar que la prestación del servicio de exámenes de conducir no será externalizada.

Esta pregunta está en consonancia con el estado actual del sistema de exámenes de circulación. Debido a la voluntad, desgana o dificultad para hacer otra cosa, cada vez se dispone de menos examinadores públicos lo que genera un mayor número de alumnos para los examinadores que quedan.

¿Cuáles han sido las causas del descenso de los examinadores? La jubilación y la política de reposición cero han sido las causas del descenso de estos trabajadores públicos, y, como consecuencia, ha generado retrasos en los exámenes de conducir. Según declara la Confederación de Autoescuelas, una vez que el alumno suspende no puede volver a realizar el examen hasta que no han transcurrido un par de meses.

Esta situación coloca en una difícil situación a muchos centros de formación que piden más examinadores para poder tener una relación alumno-clase-examen mucho más fluida. A priori, las autoescuelas podrían mostrarse a favor de la privatización de los exámenes, como la ITV; no obstante quieren reiterar que su interés prioritario no está en la privatización.

Las autoescuelas no están demandando una privatización, están exigiendo que el ciudadano reciba el servicio por el que paga unas tasas de más de 90 euros y gracia al cual viven unas 30.000 familias que se dedican a la formación vial.

Los datos manejados por la Confederación reflejan que los retrasos en los exámenes repercuten en la asistencia a clase, hecho que origina que los alumnos vayan a las pruebas con menos preparación. El número de suspensos se está incrementando y provoca un incremento en el precio del permiso para los nuevos conductores.

Algunos responsables de este sector apuntan a que la dejadez gubernamental es una estrategia que busca la legalización de la privatización. Incluso se apunta a que el Gobierno quiere el desprestigio del sector para privatizarlo sin complicaciones, hecho que desde la DGT (Dirección General de Tráfico) se ha negado en numerosas ocasiones.

Sea por los motivos que sea, los empleados de las autoescuelas se muestran favorables a una colaboración público-privada.

Fuente: elboletin.com

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