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Legalidad o ilegalidad de los antirradares

Legalidad o ilegalidad de los antirradares

Desde 2014, en España el uso de detectores e inhibidores es ilegal, aunque no su venta

Aesleme (Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal) ha hecho un llamamiento para que el “vacío legal” existente en relación a la venta y utilización de antirradares, específicamente los detectores e inhibidores. Estos aparatos son ilegales en España desde la entrada en vigor en 2014 de la última ley de Tráfico. La Asociación subraya que los avisadores de radares, que no detectan ni tampoco inhiben frecuencias sino que basan su eficiencia en una actualización regular de sus bases de datos, son 100% legales.

Aesleme detalla que el detector de radar es un dispositivo que reconoce la frecuencia del radar (fijo o móvil) y que avisa de su presencia, pero de ninguna otra incidencia de la carretera. Manifiesta que su uso es ilegal y que implica una sanción de 200 euros, además de la pérdida de 3 puntos del permiso de conducir.

Por otro lado, la Asociación explica que “paradójicamente su venta está permitida y puede llevarse en el coche” y añade que se han dado sentencias “en las que se anulaba la multa y la consiguiente pérdida de puntos, porque no podía demostrarse su uso al alegar el conductor que lo lleva en el coche pero no tenía encendida la función de detector de radar”.

Desde Aesleme se precisa que el mismo dispositivo de este tipo puede incluir dos funciones: una legal y otra no; lo que quiere decir que puede tener la función de avisador de radares (legal porque únicamente informa de lo publicado por la DGT en relación a la colocación de los radares fijos y a la posibilidad de encontrarse uno móvil) y la de detector, por lo que demostrar su uso ilegal, como detector, “resulta casi imposible”.

El inhibidor transmite una frecuencia que anula aquella emitida por el radar, este es el motivo por el que la Asociación considera que su venta y su utilización es ilegal, y que además su adquisición supone una sanción de 6.000 euros y pérdida de seis puntos, además de 30.000 euros de multa para el taller que realice la instalación.

Fuente: Europa Press
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