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Más inspección para impedir el fraude en los centros CAP

Más inspección para impedir el fraude en los centros CAP
El gran número de centros autorizados hace difícil la inspección presencial de los cursos

Tras las noticias de irregularidades detectadas en Murcia en la tramitación del Certificado de Actitud Profesional (CAP), se ha reabierto el debate relativo a este plan de formación y el presunto fraude sobre sus cursos. Casi diez años después de la aprobación del real decreto que fijó las bases del CAP, la valoración general de los agentes implicados es positiva, a pesar de ser conscientes que hay una oferta engañosa que no es detectada por la inspección. Ante esta situación, los formadores CAP reclaman a la Administración más medios para mejorar el control de los cursos.

El secretario general de la asociación murciana de transportistas, Froet, que denunció las irregularidades en los cursos CAP de su comunidad, Manuel Pérezcarro, declara que “no tememos que estas prácticas se han ido incrementando en el transcurso de los años, fundamentalmente por la falta de control de los cursos que se imparten en los centros CAP por parte de la Inspección de Transportes, que es el organismo que tiene la competencia en esta materia” y añade que “además, pueden tener competencia en su control otros organismos como la Inspección de Trabajo, en el caso de que dichos cursos se realicen con cargo a las cuotas de formación que las empresas cotizan a la Seguridad Social”. El secretario general explica que “el fraude consiste en certificar por parte del centro CAP que el alumno ha asistido al curso de renovación o inicial (obligatoriamente presenciales) cuando el alumno no ha asistido al mismo”, un segundo fraude es “deducir el coste del curso no realizado con cargo a las cuotas de formación que satisface la empresa”.

Para el director técnico del grupo formativo Fortrans, Juan Manuel Sierra, esta situación se da porque “apenas hay inspección” y este hecho origina la “posibilidad de poder incumplir los requisitos en cualquier momento del proceso”. De la misma forma que “el sector del transporte pide que no se reduzca el nivel de inspección para atajar la competencia desleal, en el de la formación de transporte se solicita lo mismo. Es una cuestión de recursos por parte de quienes tienen la competencia inspectoras en este campo”.

El director del Desarrollo de Etrasa, Manuel Nogales, declara que “lo único que falla en el CAP es el alcance de la inspección”. En calidad de experto valora que “es una anomalía del sistema que se debe corregir, pero la inspección cuesta dinero”.

Por parte del director de formación de la CETM, la patronal de transportistas, Juan Pablo Escamilla, “habría que generalizar la visita de inspección presencial de todos y cada uno de los cursos, tal como se recoge en el artículo 19 del real decreto”, su propuesta es “implantar una tasa específica a cada curso para garantizar esta inspección presencial” según explica “algunas comunidades están implantando una inspección a través de procedimientos electrónicos, pero, en mi opinión, éstos no deberían suplir la visita de inspección presencial que debe realizarse a todos los cursos”.

Según datos del Ministerio de Fomento, están autorizados en España 4.046 centros CAP para Formación Continua. Esta cifra le confiere una mayor complejidad a la inspección. Para Manuel Pérezcarro, “una de las soluciones que permitirían aumentar el control sería reduciendo el número de centros de formación autorizados, a todas luces, excesivo”. Y Juan Manuel Sierra, de Fortrans, recuerda que “tanto Interior como Fomento regularon en su momento las condiciones para poder ser centro homologado, tanto si se cuentan con medios propios como ajenos pero bajo un esquema de cesión, lo que provocó que centros de formación, incluso ajenos al sector del transporte o de la seguridad vial, presentaran expediente y obtuvieran la autorización”.

Por otro lado, los expertos reclaman de manera unánime la actualización del temario dentro de los cursos de Formación Continua. Para Juan Pablo Escamilla “es necesario cambiar y adaptar el programa de los cursos de formación continua para evitar que los conductores que ya han pasado por esta formación, repitan los mismo contenidos cinco años después”. Con la implantación de exámenes al finalizar la formación continua se “permitiría evaluar la formación recibida y serviría como elementos añadido de control de los cursos”.

Luisa López, de López Leza Consultores, colaboradora en Bruselas de la asociación internacional de seguridad y formación vial Moving, también apoya la realización de esta prueba porque “el aspecto de obligatoriedad de la cualificación para ejercer la profesión de conductor no debería reducir la formación a un trámite, sino que se hace necesaria una evaluación de calidad sobre los conocimientos adquiridos, así como una adecuación de los mismos a los nuevos retos y desafíos a los que se enfrenta el sector con la incorporación de las nuevas tecnologías y métodos de aprendizaje más innovadores”.

Fuente: elvigia.com

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